Audiencia pública en marcha para la nueva norma de comercialización del aceite de oliva 2025/26
El Ministerio de Agricultura abre el trámite para regular de forma preventiva la campaña oleícola ante una posible sobreoferta derivada de la recuperación productiva
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de audiencia pública del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026. El objetivo es garantizar la estabilidad del mercado en un contexto de previsiones de alta cosecha, tras dos campañas consecutivas marcadas por la baja producción.
Esta norma, que forma parte de las herramientas previstas en el artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 y desarrollada por el Real Decreto 84/2021, busca prevenir distorsiones provocadas por un exceso de oferta, mediante la retirada temporal de producto o su destino a usos no alimentarios.
Según las estimaciones iniciales, las condiciones meteorológicas de la pasada primavera —con lluvias abundantes y temperaturas suaves— podrían favorecer una cosecha especialmente abundante. En este escenario, el ministerio considera necesario anticiparse y activar el procedimiento legal que permita aplicar medidas de estabilización si fuera necesario.
La norma, de aplicación nacional, establece un criterio de activación: cuando la suma de existencias iniciales y estimación de producción supere el 120% del promedio de las seis campañas anteriores. Si se supera ese umbral, se podrá ordenar la retirada de un porcentaje de la producción, que afectaría a las almazaras como instalaciones obligadas. Será cada operador quien decida de qué categoría de aceite efectuar la retirada.
Este porcentaje se determinará tras conocer los datos de producción y existencias al inicio de la campaña, mediante resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. La medida no se aplicará si no se superan los niveles establecidos.
La propuesta permanecerá en consulta pública hasta el 7 de agosto, plazo en el que cualquier persona, entidad o agente del sector podrá remitir observaciones. Para su eventual entrada en vigor, el mecanismo deberá estar aprobado antes del 31 de octubre de 2025, en coordinación con las comunidades autónomas, que serán responsables de los controles oficiales.
La puesta en marcha de esta norma refleja un enfoque preventivo del Ministerio para anticiparse a los desequilibrios del mercado y proteger el valor del aceite de oliva, uno de los productos emblemáticos del sector agroalimentario español.